Publicado en: Noticiero Digital

Por: Alejandro Peña Esclusa
23 de febrero de 2008

En los últimos días, hasta los analistas más prudentes han dicho que la situación nacional se deteriora aceleradamente, advirtiendo sobre una posible explosión social, debido al efecto combinado de la inflación, el desabastecimiento, la inseguridad, el colapso de la salud y la crisis de PDVSA.

Dado su efecto devastador, es imperativo anticiparse a un posible estallido social, para neutralizarlo o –al menos– reducir su impacto. Sin embargo, para lograrlo, el primer paso es remplazar al Gobierno, puesto que todos los males arriba mencionados son imputables única y exclusivamente a su pésima gestión.

El problema que se nos presenta es éste: Las próximas elecciones presidenciales serán en el 2012 y –hasta esa fecha– no se avizora un mecanismo alterno de reemplazo, debido a que todos los Poderes Públicos están subordinados al Ejecutivo. Chávez no renunciará voluntariamente, la Fiscalía engavetará cualquier denuncia en su contra, el TSJ no procesará juicio alguno y el CNE impedirá un revocatorio limpio y transparente. Entonces ¿Cómo salir del atolladero?

Afortunadamente, el Artículo 5 de la Constitución señala un camino, al establecer que “la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo”. La soberanía puede expresarse de diversas maneras, siendo la más idónea la del sufragio universal; pero idéntica función cumple un amplio movimiento de opinión, respaldado por el pueblo a través manifestaciones pacíficas. Después de todo, un voto no es otra cosa que una opinión, plasmada por escrito o recogida por un botón electrónico.

Un procedimiento pacífico, democrático y constitucional para lograr un cambio de gobierno, basado en el Artículo 5, puede implementarse siguiendo dos sencillos pasos:

Primero, un grupo de abogados y expertos en diversas áreas elabora un documento serio, muy bien fundamentado política y jurídicamente, en donde se plantean las razones por las cuales –para bien de la nación– el Presidente debe abandonar su cargo antes de cumplir su período, señalando los crímenes que ha cometido, las violaciones a las diversas leyes, la destrucción de las instituciones, la dilapidación del patrimonio nacional, la alianza con la guerrilla y con gobiernos forajidos, la polarización destructiva, la ineptitud de su gestión, y así sucesivamente. En el mismo escrito, también debe proponerse un mecanismo para reemplazar al Presidente y para recuperar la independencia de los Poderes Públicos.

Segundo, el documento se presenta a la opinión pública, a través de los medios de comunicación, y seguidamente se explica con detalle a todos los gremios, los sindicatos, las academias, las universidades, asociaciones civiles y demás organizaciones ciudadanas; a fin de exponer sus alcances, incorporar sugerencias y, en fin, buscar un consenso sobre su contenido.

Si el pueblo venezolano está de acuerdo con el planteamiento, surgirán y se multiplicarán –de manera espontánea– diversas expresiones de apoyo, llegando incluso a colmar pacíficamente las calles del país.

Un movimiento de opinión con estas características –amplio, consensuado y con apoyo popular– surtirá un efecto psicológico idéntico al de un revocatorio presidencial. El Gobierno querrá reprimirlo arbitrariamente, con el uso de la fuerza; pero los militares se negarán a hacerlo, como ocurrió el 2D, y a Chávez no le quedará otro remedio que ceder, como ocurrió el 2D.

Con esta propuesta no se pretende vulnerar la Constitución, ni apresurar los tiempos, ni fomentar una intervención militar; sino prevenir la debacle que se avecina, para asegurar la supervivencia nacional.