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Vicepresidente Álvaro García Linera

La Paz, 24 jun (ABI) – El vicepresidente Álvaro García Linera minimizó el miércoles una denuncia contra el mandatario boliviano Evo Morales radicada en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por Organizaciones No Gubernamentales (ONG) adscritas a la Unión de Organizaciones Democráticas de América (UnoAmérica), a la que calificó de «poco seria».

«Esa denuncia viene de un organismo donde sólo falta el (personaje de los dibujos animados) Pato Donald para que se completen los personajes y las instituciones poco serias con vinculaciones dudosas», señaló el miércoles en Palacio de Gobierno, lue go de conocer la denuncia por el caso de la masacre de Porvenir (Pando) donde fueron ejecutados una veintena de campesinos por bandas armadas de la Prefectura y el servicio departamental de caminos de Pando.

Entre esas organizaciones, está presente Human Rights foundation, a la que descalificó por estar acusada en Bolivia, de tener vínculos con una banda de separatistas que intentó dividir Bolivia y que su personal sirvió para potenciar y difundir las estructuras divisionistas en el país.

«Cosas parecidas sucede con las otras ONGs de Unoamérica. La descartamos por pocos serias y además, porque forman parte de la investigaciones de estructuras políticas internacionales que pudieron estar vinculadas a intentos separatistas en el país», repitió.

García Linera adelantó que «esa supuesta entidad defensora de los derechos humanos» será investigada para conocer la estructura de las personas que la conforman.

La acusación contradice totalmente a los informes que fueron presentados en diciembre del año pasado, por representantes de organismos multilaterales de las Naciones Unidas, la Unión de Naciones Suramericanas y la Organización de Estados Americanos que viajaron hacia esa región y que dictaminaron que «los campesinos fueron emboscados y asesinados».

García Linera recordó que esos crímenes fueron parte de un frustrado golpe de Estado civil-militar orquestado por los prefectos opositores de Pando, Santa Cruz, Cochabamba, Beni y Tarija.

El martes en Washington, UnoAmérica acusó al gobierno boliviano por «delitos de lesa humanidad» por el caso de Porvenir. Según el resumen de la documentación al gobierno boliviano se lo acusa de una agresión planificada, incursión nocturna; agresores foráneos; de usar tácticas militares; de que el objetivo era asesinar, lesionar, secuestrar, torturar y encarcelar a un sector de la población por su forma de pensar (opositores al gobierno); de violar el derecho al juicio justo y al debido proceso; de negar el derecho a la información (Habeas Data); entre otros.

El documento acusatorio fue redactado por Jaime Arturo Restrepo y está suscrito por La Asociación de Familiares Víctimas del Terrorismo (Perú), la Asociación de Víctimas Civiles de la Guerrilla Colombiana, el Centro de Estudios por los Derechos Humanos de Uruguay, la Federación Verdad Colombia, la Fundación Orión (Venezuela), el Movimiento por la Verdadera Historia (Argentina), la ONG 1810 (Argentina), la Asociación Civil Fuerza Solidaria (Venezuela), el diputado Wálter Arrazola Mendivil (Bolivia), Graca Salguero (Brasil), María Fernanda Cabal (Colombia), Marcelo Cypriano Motta (Brasil) y Josué Meneses (Perú).