Senador Roger Pinto satisfecho por petición de investigación de hechos en Pando
La Paz – Bolivia.- El senador por Pando, Roger Pinto, sostuvo que la documentación presentada a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), por varias organizaciones no gubernamentales generará una investigación de los hechos de El Porvenir ocurridos el 11 de septiembre de 2008.
Pinto dijo que una investigación imparcial era esperada por el pueblo de Pando. Sostuvo que él nunca creyó en las conclusiones de la comisión de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), que calificó los hechos de El Porvenir, como un genocidio, culpando de todo lo ocurrido al entonces prefecto, Leopoldo Fernández.
“Siempre les dije que en la medida en que la sociedad se vaya enterando, que la información vaya llegando al pueblo boliviano, pero sobretodo que los organismos internacionales tengan acceso a la información y a una verdadera investigación, la verdad iba a empezar a aparecer”, afirmó Pinto.
Para el senador de Poder Democrático y Social (Podemos), la acción encabezada por el diputado Walter Arrázola, mostrará la verdad y el nefasto papel que jugaron el vicepresidente Alvaro García Linera y el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.
“Con un informe imparcial caerá todo el informe que fabricó el Gobierno, para iniciar una persecución política, sin precedentes en el departamento de Pando”, agregó el legislador pandino.
La petición auspiciada por la ONG, Unión de Organizaciones Democráticas de América, UnoAmérica, fue presentada el martes 23, por el diputado por Santa Cruz, Walter Arrázola.
La UnoAmérica acusa en su denuncia al Gobierno boliviano por delitos de lesa humanidad por haber incurrido en: “ agresión planificada; incursión nocturna; los agresores eran foráneos y se usaron tácticas militares. El objetivo era asesinar, lesionar, secuestrar, torturar y encarcelar a un sector de la población por su forma de pensar (opositores al Gobierno); se violó el derecho al juicio justo y al debido proceso; se negó el derecho a la información (Habeas Data); y en algunos casos, los cuerpos de seguridad del Estado usaron armas de guerra para agredir a ciudadanos civiles desarmados, y en otros, hubo omisión cómplice por parte de los funcionarios militares y policiales”.
El Diario
