Golpe en Honduras
Por: Roger Noriega*
Roger Noriega
La Organización de Estados Americanos (OEA) se reunió el domingo en sesión urgente en Washington, D.C., demandó que el presidente de Honduras Manuel Zelaya sea restituido a su cargo, calificando la expulsión perpetrada ese día como “una alteración inconstitucional del orden democrático”. El Consejo Permanente de la OEA proclamó que no reconocería a ningún gobierno que surgiera de ese “golpe de Estado”. Palabras bastante fuertes pero insuficientes y además llegaron demasiado tarde.
Manuel Zelaya comenzó su mandato de cuatro años como Presidente de la República de Honduras (América Central) en enero de 2006. La dura realidad es que la mayoría de sus compatriotas pensaban que Zelaya era un fanfarrón caprichoso, demasiado incompetente como para causar daños permanentes. No sorprende que cuando Zelaya intentó hacer trizas la constitución de Honduras a fin de tener la vía libre para buscar una reelección a un segundo mandato, se negaran a acompañar esa torpe ambición de poder.
La mayoría de los países de América Latina no permiten a sus presidentes más de un mandato, conscientes que si alguien ostenta demasiado poder durante un período prologando de tiempo, se corre el riesgo de que se convierta en un hombre poderoso y peligroso. Este fenómeno es lo suficientemente común como para que los latinos se hayan visto en la necesidad de acuñar una palabra para él: “caudillo”. Hasta 1998, en que irrumpió en escena Hugo Chávez, el dictador de Venezuela, los caudillos habían pasado de moda.
Una vez elegido en 1998, Chávez forzó enmiendas constitucionales que concentraban la mayor parte de los poderes del Estado en sus manos. El año pasado, en un “tiro de gracia” para la democracia de Venezuela, ideó y ejecutó una “reforma” que le permite intentar presentarse como candidato a elecciones presidenciales de forma indefinida.
Chávez exhortó a sus acólitos en Bolivia, Ecuador, Honduras y Nicaragua —a quienes les prodigó enormes cantidades de ayuda extranjera— a que ignoraran las normas constitucionales a fin de imponer sus voluntades Esto es precisamente lo que intentaba hacer Zelaya cuando chocó contra las demás instituciones democráticas del país, que denunciaron la inconstitucionalidad de un referéndum popular a través del cual Zelaya esperaba bendijera su postulación a un segundo mandato.
Específicamente, el Tribunal Supremo Electoral de Honduras, la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría General de la República y el Ombudsman de derechos humanos declararon que el plan de Zelaya era ilícito. Zelaya hizo caso omiso de esa condena y acentuó su retórica populista a fin de lanzar a la muchedumbre contra esos obstáculos legales. Es muy importante destacar que nunca logró movilizar grandes manifestaciones, esto es muy significativo. La idea de que “Mel” Zelaya pensara que merecía un segundo mandato sólo dejaba perpleja a la mayoría de los ciudadanos de Honduras.
Zelaya pasó a retiro al general Romeo Vásquez cuando este se negó a desestimar la orden del Tribunal y a ordenar a sus tropas que repartieran los materiales electorales necesarios para la realización del referéndum. Cuando Zelaya removió a Vásquez, todos los jefes militares y los ministros civiles de defensa renunciaron en señal de protesta. Luego de que la Corte Suprema ordenara la restitución de Vásquez, Zelaya envió a un grupo de sus partidarios a confiscar las urnas y las boletas.
En resumen, al insistir en la realización de un referéndum que solo beneficiaría sus propios intereses egoístas, Zelaya no tuvo en cuenta a ninguna de todas las demás instituciones del Estado.
El domingo por la mañana, Zelaya fue arrestado por fuerzas militares y enviado al exilio en Costa Rica. La Corte Suprema falló que el ejército había actuado lícitamente al detener a Zelaya y al evitar el referéndum ilegal. El Congreso aceptó rápidamente la supuesta “renuncia” de Zelaya y, de acuerdo con lo que dispone la Constitución, nombró al presidente del Congreso, Roberto Micheletti, como su sucesor. Micheletti prometió inmediatamente llamar a un diálogo nacional y, a diferencia de Zelaya, prometió a respetar los resultados de las elecciones presidenciales programadas para el próximo mes de noviembre.
Resulta irónico pero hace apenas unas semanas, el presidente Zelaya lideró en una discusión de la asamblea general de la OEA para reconocer la dictadura de Cuba y permitirle la participación en la OEA. El darle un lugar a la dictadura de Cuba volvería inviable la Carta Democrática Interamericana, la misma Carta Democrática que los diplomáticos regionales citan ahora para demandar que Zelaya sea restituido, a pesar de su consciente e intencionado abuso del principio de “separación de poderes” incorporado en ese documento. Esa misma Carta Democrática que Zelaya estaba dispuesta a violar para reconocer a un dictador no elegido por vía democrática en La Habana es la que ahora esgrimen sus seguidores para negarle el reconocimiento a su sucesor constitucional en Tegucigalpa.
Ni la cúpula de la OEA ni, aparentemente, tampoco todos los gobiernos de la región que ahora se atreven a emitir juicios sobre el orden constitucional de Honduras prestaron la debida atención a que Zelaya no acataba las leyes y normas. Los irresponsables diplomáticos de la región que no confrontaron a los caudillos no democráticos de Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Honduras son cómplices de sus abusos. Ahora no tienen ni la credibilidad ni la autoridad moral para emitir juicios sobre esos patriotas desesperados que actúan para defender su libertad, ya sea en Honduras o en cualquier otro lugar.
*El autor fue un alto funcionario del gobierno del presidente George W. Bush entre 2001 y 2005. Es fellow visitante del American Enterprise Institute y fundador de Vision Americas LLC, que defiende a clientes de Estados Unidos y otros países.
