Por: Alejandro Peña Esclusa, septiembre de 2007

El 2 de diciembre de este año, se llevará a cabo en Venezuela un referéndum para aprobar o rechazar la reforma a la Constitución que propone Chávez, la cual le permite reelegirse perennemente, controlar todos los poderes públicos y establecer un régimen comunista con rango constitucional.

A fin de impedir la reforma, la oposición venezolana propone tres caminos: el primero es ir a votar y derrotar a Chávez en los comicios; la segunda es abstenerse, a fin que quitarle legitimidad a la consulta; y la tercera es boicotear el referéndum para que no se lleve a cabo, realizando protestas en la calle.

Las dos primeras están condenadas al fracaso, por el control que mantiene el Ejecutivo sobre el sistema electoral.

Existen numerosos informes sobre fraude, elaborado por connotados científicos y profesores universitarios; sin embargo, no es necesario ser un experto para detectar las irregularidades electorales, basta enumerar las siguientes.

Primero, las autoridades electorales no son neutrales; cuatro de cinco rectores militan en el chavismo.

Segundo, el registro de votantes está profundamente viciado. Electores que aparecen varias veces, pero con distintas cédulas de identidad, larga lista de ciudadanos mayores de cien años, poblaciones que tienen más votantes que habitantes, decenas de miles de electores que habitan en la misma vivienda, extranjeros que reciben la ciudadanía de forma irregular, etcétera.

Tercero, las máquinas electrónicas de votación son manipulables y mantienen comunicación bidireccional con la computadora central del Consejo Nacional Electoral, lo cual permite tergiversar los resultados.

Cuarto, el alto gobierno amenaza abiertamente a los empleados públicos con ser despedidos si no votan por Chávez. Dado que en los comicios se utilizan máquinas capta huellas para verificar la identidad del votante, el secreto del voto está comprometido y la amenaza surte efecto. Lo mismo ocurre con los beneficiaros de los programas sociales; o votan por Chávez o pierden su subsidio.

Quinto, el gobierno utiliza descaradamente toda la estructura del Estado –dinero, medios de comunicación, burocracia, medios de transporte, etcétera– para hacer propaganda a su favor.

Sexto, la supervisión internacional es dudosa. Se invita como observadores a quienes comparten la misma tendencia ideológica del chavismo y se niega la entrada a las demás tendencias.

En el año 2004, los venezolanos participaron masivamente en un referéndum revocatorio, cuyos “exit polls” (encuestas a boca de urna) daban como perdedor a Chávez, por un margen de 3 a 7. Sin embargo, las autoridades electorales lo declararon ganador, por un margen de 6 a 4. Así que votar no es una opción realista.

En el año 2005, justamente por no haber condiciones para unos comicios limpios y transparentes, la oposición se abstuvo de participar en las elecciones a la Asamblea Nacional. El resultado fue un Parlamento cien por cien chavista. Sin embargo, poco le importó al gobierno la falta de legitimidad y de pluralidad del Poder Legislativo. Por eso, la abstención no sirve de nada.

El único camino que queda –entonces– es el de la protesta en la calle, como una expresión de la resistencia ciudadana o de la desobediencia civil.

Quienes viven en Venezuela, ya comienzan a percibir el ambiente de insurrección, porque el rechazo a la reforma que propone Chávez es inmenso, incluso dentro de las propias filas del oficialismo, que experimenta una gran fractura.

La comunidad internacional debe estar atenta, porque en Venezuela se avecina una tormenta.

El autor es ingeniero mecánico, graduado en el Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional. Actualmente es presidente de la asociación civil Fuerza Solidaria – www.fuerzasolidaria.org